La Generalitat estudia fijar un impuesto que grave el consumo de bolsas de plástico e incluso prohibir completamente su distribución en los comercios con el objetivo de reducir la utilización de estos productos, que suponen cerca de un 2% de los residuos municipales que se generan en Catalunya.
Las otras posibilidades con las que trabaja el departamento de Medi Ambient son devolver al consumidor el coste de la bolsa de plástico que no utilice y prohibir su distribución gratuita, haciendo pagar al cliente el coste de cada bolsa que coja, según ha informado la conselleria.
La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha encargado un estudio para conocer las alternativas jurídicas y económicas de que dispone la Generalitat para lograr reducir el consumo de bolsas de plástico. La solicitud del informe es paralelo a las negociaciones con las cadenas de distribución alimentaria para disminuir el uso de las bolsas, que son gratuitas en la gran mayoría de comercios.
Desde marzo de 2006, la ARC está trabajando en Catalunya para conseguir un acuerdo voluntario con las distribuidoras alimentarias para implantar las medidas necesarias que permitan reducir el uso y consumo de estos envases.
Cada 10 euros de compra, una bolsa
El único convenio que ha firmado la ARC ha sido con el grupo de supermercados catalán Bon Preu, que devuelve en efectivo a sus clientes dos céntimos de euro por cada bolsa de plástico que no utilicen, partiendo de que se usa una bolsa por cada 10 euros de compra, aproximadamente.
La ARC apuesta por lograr un convenio de alcance estatal, si bien empieza a valorar la posibilidad de impulsar cambios legislativos que le permitan alcanzar los objetivos de su programa de gestión de residuos municipales de Catalunya 2007-2012, con el que se quiere reducir el consumo de bolsas de plástico en un 30% para el año 2009 y en un 50% para 2012.
Estos productos de plástico suponen aproximadamente el 2% de los residuos municipales que se producen en Catalunya, donde cada semana se consumen unos 10 millones de bolsas. Países como Australia, Irlanda o Francia están adoptando medidas para frenar su consumo y fomentar la reutilización.